Qué ha ocurrido
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 13 de octubre el desprecintado de una acusación federal de 58 páginas contra catorce personas por una trama de trabajadores remotos vinculada a Corea del Norte. Dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos; otros acusados siguen en libertad y dos imputados permanecen bajo sello. La acusación incluye conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para blanqueo de capitales y conspiración para cometer robo de identidad, además de robo de identidad agravado.
Según el escrito, la red ayudó a personas que trabajaban para la República Popular Democrática de Corea a conseguir empleos tecnológicos en empresas estadounidenses. El DOJ habla de más de 70 empleadores afectados y unos tres millones de dólares generados para trabajadores cuyos ingresos se cree que acabaron en entidades sancionadas controladas por Pyongyang. Son alegaciones sujetas al proceso judicial: una acusación no equivale a una condena.
El papel de las «laptop farms»
El mecanismo no dependía solo de una identidad falsa durante la selección. Los facilitadores estadounidenses recibían y alojaban en sus domicilios varios ordenadores enviados por las empresas contratantes. Esas laptop farms permitían que una persona situada fuera de Estados Unidos trabajara sobre el equipo corporativo mientras la organización veía una conexión aparentemente local.
El DOJ sitúa a las empresas afectadas en sanidad, comunicaciones, soporte de ciberseguridad, comercio minorista y fabricación, repartidas por numerosos estados. La infraestructura doméstica hacía compatible el acceso remoto con la identidad usada en la contratación.
Eso convierte el caso en algo más amplio que un fraude salarial. Un empleo remoto puede proporcionar acceso persistente a sistemas y datos internos antes de que la empresa sospeche que la persona contratada no es quien afirma ser.